Un estatus especial para Sevilla

JOSÉ PRADOS OSUNA

IDEAL-8-04-2007

DE las incongruencias y mentiras conscientes que son fruto del furor electoral, llegan a los medios informativos noticias, poco afortunadas, que vienen a confirmar el impresentable hecho que los ciudadanos ya sospechábamos y que algunos nos resistíamos a admitir, bajo la irrenunciable creencia de que lo que lo fundamenta además de no ser verdad, es imposible. Me refiero a la propuesta del PP sevillano de otorgar un estatus especial a la ciudad de Sevilla, efectuando dotaciones presupuestarias añadidas para compensar el mal que le viene causando ser capitalidad de la Comunidad Autónoma.

Si en sí el hecho argumentado, además de falso y tramposo, es vil y abyecto, de lo que hablaremos a continuación, no es menos sorprendente la propuesta por parte del partido que hasta ahora ha venido haciendo oposición, en Granada al menos, fundamentada en el trato discriminatorio que la Junta ha otorgado a la ciudad y provincia de Granada. Debe ser cierto que D. Santiago Pérez, diputado por Granada en el Parlamento Andaluz, está buscando la fórmula de contradecir a su partido en el mecanismo de la coherencia y podría considerar que la disciplina es un mal menor que hay que posponer a la fundamentación de los actos políticos cuando estos se encuentran cargados de nobles principios como verdad, coherencia, honestidad y vergüenza torera. Sin embargo, mucho nos tememos, tal como ocurrió en el asunto de la guerra de Irak, que hasta nuestro ex diputado Sr. Ollero, miembro del Opus Dei, contradijo con su voto al Vaticano y a la Iglesia y sobrepuso su filiación y disciplina de partido a la consecuencia de las creencias o a la disciplina vaticana. Y ello no debe ser mas que un simple reflejo del poder disciplinario o de la profundidad de las creencias. Me gustaría ver a D.ª Carolina González, granadina de pro, votar este asunto ahora que es candidata a concejal por el Ayuntamiento de Sevilla.

Contrastada ha sido nuestra propia fe en el asunto de la fuerza gravitatoria que absorbe, como agujero negro, el presupuesto de la Comunidad, para dirigirlo en el sentido de sus apetencias y en franca insolidaridad e injusticia, que obliga, al menos a esta ciudad, a persistir y profundizar en nuestra oposición a tal política y en el mejor de los casos a plantear seriamente, dentro del margen constitucional y democrático, la división de la Comunidad, una vez que se ha comprobado durante largos años, que este invento de descentralizar el Estado en Comunidades Autónomas, en el caso andaluz, se hizo desde el principio con los ojos puestos en el despilfarro y en la insolidaridad que da la megalomanía sevillana, que aplica, como principio de legalidad, la ley del embudo en perjuicio de los demás, especialmente de los de esta parte de Andalucía, que ya notamos la fatiga de tanta sinrazón y de estar siempre situados en la parte estrecha del artilugio de recibir.

Carguen con impuestos municipales, a costa de los sevillanos, el continuo engrandecimiento de la ciudad y no liben los recursos de los demás, procedimiento sostenido a lo largo de los años, que ya hizo el gobierno de un signo y que ahora pretende hacer la oposición. Contraten y paguen operarios que desbrocen de jaramagos los deteriorados entornos de los edificios de la Expo y manteniendo en condiciones lo que ya pagamos todos los españoles y especialmente los andaluces, olviden por unos años la megalomanía que les aqueja, porque de ese manicomio deben salir los ciudadanos que aún saben reconocer el lugar que afortunadamente ocupamos.

Lo especialmente perverso del asunto es que en aquella ciudad coinciden las distintas posiciones políticas en beneficio de la capitalidad y trasladan el campo de batalla a las provincias del extrarradio, castigando a sus ciudadanos por catetos, pueblerinos, pedigüeños y agraviados. Y coincide la ciudad entera, en el entendimiento de que como aquello es lo más grande del mundo, no existe un recurso mejor invertido, como debe ser, en la capitalidad que todo lo justifica. Y no comprenden cómo es posible que los demás no lo entiendan.

Entiéndase que tal asunto es así como que las dos grandes urbes del Estado han sido conectadas por AVE catorce años después que lo fue Sevilla a pesar de que la demanda, la racionalidad económica y la rentabilidad social, aconsejaban iniciar la alta velocidad uniendo España por sus dos centros neurálgicos. Criterio este de la rentabilidad y demanda que utiliza el organismo responsable no en su coherente permanencia, sino a placer o dirigido por las veleidades políticas, que no siempre coinciden con las racionales, como en este caso, tampoco fue lógicamente justificable olvidar el eje vertical andaluz, Linares, Jaén, Ubeda, Baeza, Granada, Motril en el denostado POTA, que cualquier día nos dará un susto con su aprobación y ya formaremos el 'guirigay'. Si tenemos en cuenta que tal decisión condenó a esta parte de Andalucía a conectarse con el resto del Estado de forma perjudicial, antieconómica y antisocial, no nos queda más que admitir que los beneficios insolidarios que han recaído sobre aquella parte se realizan en perjuicio de ésta, porque aunque en el extraño supuesto de que se compense presupuestariamente a este reino de los desaguisados cocinados en Sevilla, se nos condena el futuro de forma incluso empecinada y jactanciosa.

¿Cómo pueden hacer ahora extenuantes ejercicios de justificación y 'no enmendalla', aduciendo lo injustificable para demostrar una vez más la subordinación de los políticos a los partidos centralizados en Madrid o Sevilla aunque en ello vaya por sentado el perjuicio de los ciudadanos a los que se dice representar? Merecen el boicot electoral o la sorna, ironía y soflama que debe ir dirigida a analfabetos posicionados en el trono de gobernador de la Ínsula de Barataria.

¿Han observado Uds. que el Gobierno Autónomo ya ha iniciado la alta velocidad desde Sevilla a Antequera? ¿No quedamos en que éramos nosotros los perjudicados? ¿Cuáles son los criterios de prioridad?

(Ha dicho Paéz que la exposición de Jaldún se había pensado para Granada, pero no ha dicho quién ordenó llevarla a Sevilla, posiblemente para 'descabrear' a sus habitantes de la presión y perjuicios que les ocasiona su capitalidad.)

En el despreciable juego de las incoherencias, los abusos y las coincidencias, que se localizan especialmente en la capital, se hace necesario recomendar a esta panda de incompetentes insolidarios y pésimos políticos que aconsejen a los sevillanos renunciar a la capitalidad si tantos problemas les ocasiona, porque el principio del buen gobierno parte del incuestionable fundamento del trato igualitario y del respeto al ciudadano que ya se ha colmado y ha llegado a superar el límite de lo políticamente soportable.